Desde su primera gestión de gobierno (1996-2000), el Dr. Leonel Fernández realizo ingentes esfuerzos por fomentar una política de transparencia y rendición de cuentas a través de una series de una series de reformas legales e institucionales: este proceso se inicio con la implementación de una política de lucha contra la corrupción creando, mediante Decreto No. 233-97 del 24 de julio de 1997, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa. En el año 2005, consciente de que la prevención y la lucha contra la corrupción debe desarrollarse en el ámbito de la sociedad completa, el presidente Leonel Fernández, mediante Decreto No. 101-05, creó la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción como un organismo mixto y participativo, el cual tiene bajo su responsabilidad la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Nacional Estratégico de Ética, Prevención y Sanción de la Corrupción y en el 2007, mediante Decreto No. 324-07 se crea la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Igualmente, se el Dr. Leonel Fernández promovió las siguientes leyes y decretos con el fin de promover la ética, la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública:
- Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública;
- Ley No. 340-06 de Compras, Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública que busca la eficiencia y la transparencia en el sistema de contratación estatal, la cual sustituyó al decreto 63-06 que sirvió de puente para la nueva ley;
- Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, esta ley que significó un avance para la ejecución presupuestaria por crear mecanismos de control y eliminar la cuenta 1401, antigua cuenta que manejaba el presidente a discrecionalidad que abarcaba el 75% de los excedentes del presupuesto, logrando mayor transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos;
- Ley No. 226-06, Ley que otorga autonomía a la DGA y la Ley No. 227-06, Ley que otorga autonomía a la DGII, las cuales representaron un hito por otorgarle autonomía a las principales instituciones recaudadoras del Estado;
- Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública que establece un sistema de planificación e inversión pública y de las políticas económicas y sociales para lograr de manera efectiva los objetivos de desarrollo de corto, mediano y largo plazo;
- Ley No. 482-08 General de Archivos que tipifica el delito de sustraer o eliminar documentos públicos, entre otros.
En el 2009 la Comisión Nacional de Combate a la corrupción elaboró el Plan Estratégico República Dominicana Transparente, de Ética y prevención de la corrupción (2009-2012). Es el segundo plan estratégico luego del lanzado en el 2005. Ambos planes representaron el compromiso del Gobierno del Der. Fernández por lograr una buena gestión con relación a la ética y la transparencia pero, sin duda alguna, el proyecto contra la corrupción motivo de orgullo durante los gobiernos del Dr. Fernández y del PLD fue la Iniciativa Participativa Anti Corrupción (IPAC).
La IPAC ha sido un hito transcendental en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana ya que por primera vez un gobierno se somete al escrutinio abierto de las sociedad civil, sector privado y organismos internacionales con la finalidad de identificar cuales son las medidas que se requieren para mejor las políticas de transparencias, rendición de cuentas y combate la corrupción.
En una clara muestra de su firme apoyo a la IPAC el Dr. Fernández convoco en el año 2010 al Consejo de Ministro para que aprobaran la implementación de las recomendación de las IPAC, el Consejo de Ministro decidió adoptar todas las recomendaciones que le había sometido la IPAC
Sin embargo, el avance de la implementación de estas medidas continuo siendo monitoreado por los organismos internacionales, por el sector privado y la sociedad civil, siendo realizada la ultima evaluación el 8 de febrero de 2012, la cual evidencio un alto nivel de cumplimiento de los compromisos que el Gobierno había asumido ya que los resultados finales de dicha evaluación mostraron que de los 99 proyectos concretos de mejora en el área de transparencia y combate a la corrupción que habían sido recomendados por la IPAC: 79 proyectos se habían cumplidos, 13 estaban en procesos de ejecución y 7 que no mostraron avances significativos.